viernes, 24 de septiembre de 2010

Los ministerios del Interior, de Sanidad y Política Social, CERMI y Fundación ONCE colaborarán para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad

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Los ministerios del Interior, de Sanidad y Política Social, la Fundación ONCE y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)  firmaron ayer jueves un acuerdo para la mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad en el ámbito de actuación del Ministerio del Interior.
La firma ha tenido lugar en la sede de la Escuela del perro guía y ha contado con la presencia del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba; de la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez; del presidente de la ONCE y su Fundación, Miguel Carballeda; y del presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno.
El documento incluye la promoción de la accesibilidad universal en todas las dependencias y servicios –físicos y virtuales- del Ministerio del Interior, así como en todos sus procedimientos, servicios y prestaciones a disposición del público. En este sentido, se prestará una especial atención a la promoción de la accesibilidad en los procesos electorales y en la participación política de las personas con discapacidad.
El convenio tiene también como objetivo el impulso de las medidas legales y administrativas precisas para luchar contra los juegos ilegales que utilizan a las personas con discapacidad y la imagen de sus organizaciones para fines ilícitos. Asimismo, se promoverá una iniciativa legislativa que regule el régimen y funcionamiento de los juegos por Internet y por otros medios electrónicos.
Además se facilitará el acceso al empleo de personas con discapacidad en el Ministerio del Interior; se atenderán y mejorarán las condiciones laborales y apoyos para los empleados públicos con discapacidad, y se  promoverá la colaboración con las organizaciones sociales para orientar y atender a las personas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que adquieran una discapacidad en el ejercicio de sus funciones públicas, a fin de facilitar su reinserción social y laboral posterior.  
Igualmente, la colaboración entre las entidades firmantes incluye un análisis de la situación de la población penitenciaria con discapacidad y una especial atención a los casos de delincuencia que afecten a este colectivo. También la promoción de iniciativas relacionadas con la seguridad vial y la atención a las víctimas de accidentes con la implicación de personas con discapacidad.
Otra de las medidas se refiere al impulso desde el Ministerio del Interior de la aplicación de cláusulas sociales en materia de contratación administrativa a favor de la inclusión laboral y la accesibilidad de este colectivo. 
Por último, el convenio señala la necesidad de informar y ofrecer apoyo a los hijos y familiares con discapacidad del personal al servicio del Ministerio del Interior, un asesoramiento que se extenderá a las víctimas del terrorismo con discapacidad.   

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