Daniel Galván Viña, de 63 años, se sorprendió cuando, el martes 30 de julio, el director de la prisión de Kenitra (Marruecos) le anunció que
había sido indultado por el rey Mohamed VI y estaba libre. Horas después se lo confesó a su abogado, Mohamed Benjedou. Este lunes,
la policía le echó el guante en un pequeño hotel de Murcia tras recibir una orden internacional de detención de Marruecos. Galván será puesto este martes a disposición de la Audiencia Nacional a efectos de su extradición, pero otros 29 presos españoles que también fueron indultados por error están en libertad y se librarán de volver a ver a un juez.
Galván tenía motivos para estar asombrado. Hacía menos de dos años que había sido condenado por el tribunal de apelación de Kenitra a 30 años de cárcel por abusar de 11 niños, alguno de tan solo tres años, en esa ciudad a 40 kilómetros de Rabat.
Fue el veredicto más severo por pedofilia en la historia de Marruecos. El caso tuvo tanta repercusión que incluso la televisión 2M le dedicó un largo reportaje.
Galván había pedido el traslado a un penal español para seguir cumpliendo el resto de su condena. "Las prisiones españolas son hoteles de cinco estrellas comparadas con las marroquíes", repiten los reos con experiencias carcelarias en ambos países. Todos los presos españoles en Marruecos, y los marroquíes en España, tienen derecho al traslado en virtud del convenio bilateral de colaboración penal de 1997. Su tramitación suele tardar unos 18 meses.
Pero el traslado a España que habían solicitado el pederasta y unos cuantos presos españoles más se convirtió en un indulto real con motivo de la Fiesta del Trono, la mayor festividad civil de Marruecos, que conmemora la entronización, en 1999, de Mohamed VI.
Alguien en el palacio real de Marruecos fusionó la lista de presos españoles que habían pedido el traslado con la de indultables por el monarca alauí. Lo hizo, se supone, con la intención de agradar al Rey de España,
que acababa de visitar Rabat. Causó así la más grave crisis interna del reinado de Mohamed VI.
El soberano dio el lunes un paso más al destituir a Hafid Benhachem, director de la Administración Penitenciaria, que depende del primer ministro, Abdelilá Benkiran. Benhachem transmitió "informaciones erróneas" a palacio.
Varias conversaciones mantenidas con fuentes diplomáticas españolas y otras personas conocedoras del asunto permiten ahora reconstituir el desarrollo del resbalón que ha puesto en peligro la relación entre España y Marruecos.
Don Juan Carlos concluyó el pasado 18 de julio su visita de cuatro días a Marruecos. Al primer ministro, el islamista Abdelilá Benkiran, le pidió que acelerase el traslado a España de un preso en Tánger, el camionero jubilado
Antonio García Vidriel, de 58 años, que está enfermo.
Dos días después Fouad Ali el Himma, consejero real considerado como el virrey de Marruecos, llamó por teléfono al embajador de España en Rabat, Alberto Navarro. Estaba disgustado porque don Juan Carlos había solicitado a Benkiran el traslado a España del camionero, en vez de habérselo dicho al propio monarca alauí. Navarro le respondió que la Administración Penitenciaria era competencia del primer ministro. "Su Majestad también puede resolver estos asuntos", replicó Himma.
La llamada de Himma al embajador se enmarca en el empeño del palacio real de arañar algunas de las competencias que la nueva Constitución marroquí otorga al Gobierno que dirige Benkiran, que es también líder del Partido de la Justicia y del Desarrollo (islamista moderado).
La invitación del consejero real a dirigirse a Mohamed VI y no a Benkiran abría, a ojos de la diplomacia española, una oportunidad de oro para acelerar los traslados de los presos españoles que se demoran, a veces, hasta dos años. Pequeños traficantes de droga lo consiguen cuando ya están acabando de purgar su corta condena. España entendía que de esta forma se acortarían drásticamente los plazos.
En colaboración con los siete consulados de España en Marruecos, que atienden a los presos, Navarro elaboró una lista con 30 reos transferibles a cárceles españolas. En ese listado estaba Galván Viñas y también Antonio Garcia Ancio, hijo del camionero jubilado, que estaba condenado a 10 años tras ser pillado en Tánger con casi nueve toneladas de hachís en su vehículo.
La Embajada de España envió, por primera vez, dos listas de presos al palacio real: la de los 30 reclusos trasladables a cárceles españolas, y la de otros 18 presos susceptibles de ser indultados. Para ser elegible en esta última categoría el delincuente no puede ser de origen marroquí y debe de haber cumplido gran parte de su condena.
La diplomacia española cree que hubo riesgo de crisis con Rabat
Alguien, en el palacio real, fusionó las dos listas en una sola. Desaparecieron los presos transferibles a prisiones españolas. De esa forma, solo quedó una relación de reos a indultar en la que Galván era el último, el número 48, pese a que le quedaban 28 años por cumplir. "Aunque lo hicieron con la mejor intención nos tiramos de los pelos cuando vimos que habían sido liberados el pederasta y el camionero al que le incautaron nueve toneladas de hachís", reconoce un diplomático español.
Las autoridades marroquíes tomaron conciencia del desatino el 1 de agosto. A medida que el escándalo crecía en Marruecos, empezaron a maniobrar para salir del apuro. Los españoles también intrigaron para que no les salpicara. Todos intoxicaron a la prensa y a veces mintieron para tratar de ponerse a salvo del escándalo que afloraba.
Por parte española, Asuntos Exteriores empezó, por ejemplo, por negar a la prensa cualquier participación en la elaboración de la lista de reos indultados, como si la Embajada hubiera actuado sin consultar con el Gobierno.
Por parte marroquí se fabricaron también bulos para tratar de disculpar a Mohamed VI. Uno de ellos, trasladado a EL PAÍS y a varios medios de Rabat por personas afines a palacio, apuntaba a que el indulto era producto de un "enjuague" entre la DGED, el servicio secreto exterior marroquí, y su equivalente español, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que el rey no había tenido más remedio que sancionar a causa de intereses superiores de la nación.
El ministro de Justicia marroquí avaló esta hipótesis al publicar, el viernes, un comunicado en el que niega su responsabilidad en la elaboración de la polémica lista, pero da crédito a la trama de espionaje. El rey actuó así por razones de "interés nacional", según el texto.
Al día siguiente, el palacio real marroquí publicó su primer comunicado en el que atribuía a don Juan Carlos la paternidad de la lista de indultados. "Su Majestad Juan Carlos I, Rey de España, soberano español, ha pedido a Su Majestad el Rey, que Dios le ayude, que acceda a indultar a 48 ciudadanos españoles".
¿Trató Rabat de implicar al monarca español? "Las autoridades españolas tragaron saliva y guardaron silencio para no tener un incidente", reconoce un alto cargo gubernamental.
El segundo comunicado ya fue discutido entre marroquíes y españoles para que se dejase caer entre líneas que, tras la revocación del indulto, cabía la posibilidad de que Galván pasase 28 años detrás de los barrotes en España. El embajador Navarro aseguró el domingo a EL PAÍS que "esa vía está abierta en aplicación del convenio de colaboración penal hispano-marroquí de 1997". Los diplomáticos estaban contentos. Habían evitado un nuevo conflicto como el del islote de Perejil.