Tras la la decisión del Gobierno de no prorrogar más el programa temporal de protección por desempleo o inserción (PRODI) que servía de única fuente de ingresos para una media de 350.000 personas al mes, el presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España, Carlos Susías, ha manifestado públicamente su indignación, al considerar la medida "gravísima, porque deja absolutamente desasistidas a miles de personas que ya estaban en una situación desesperada" y que ahora recurrirán a la red última de ayuda social "que ya está desbordada.
En opinión de Susías, "lo más grave es que la decisión de cortar esta ayuda no tiene nada que ver con la situación real de estas personas, sino con la decisión de hacer caja de manera rápida y fácil" con los más vulnerables, "es inmoral e injusto", ha subrayado. El presidente de la Red, que agrupa a las principales organizaciones de ayuda, ha asegurado estar de acuerdo con que " hay que rescatar a los bancos, y a los automóviles, y a las empresas, y a las pymes...Pero a las personas ¿quién las rescata?".
Para Susías, lo más grave de la situación es que vivir en situación de extrema necesidad, dedicando todos los esfuerzos a llegar de un día al otro, de encontrar comida y dónde dormir "tiene efectos devastadores, acaba destrozando a una persona".
"De la crisis saldremos, pero será con graves problemas de fractura familiar, social y psicológica", ha advertido.
De la misma opinión es el responsable de Estudios de Cáritas, Víctor Renes, para quien al permitir la formación de un grupo social totalmente desasistido y sin perspectivas "se están poniendo las bases de una grave fractura social, de un gran destrozo social".
Para Renes, "la situación ya era alarmante", como demuestran las cifras de la organización, que en el último año ha duplicado el número de personas atendidas hasta llegar a los 800.000.
"La avalancha de gente necesitada ya se produjo el año pasado, y esta decisión va a agravar aún más una situación que era inasumible", ha planteado, antes de subrayar que "las organizaciones sociales no pueden llegar a todo, no pueden ser el sustituto del Estado; la Administración Pública tiene por ley el deber de atender en estos casos".
A finales de octubre, el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, cifró en unas 300.000 personas las que perciben el PRODI (programa temporal de protección por desempleo o inserción), 1,3 millones que reciben la prestación asistencial, 800.000 sin cobertura por desempleo (algunos porque no trabajaron previamente) y no cuantificó cuántos han consumido la ayuda asistencial porque, explicó, que habría que ver cuántos han encontrado empleo.
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