martes, 19 de febrero de 2013

Marruecos propina un escarmiento al mayor fustigador de España


Un tribunal marroquí condena al activista Said Chramti a un año de cárcel por amenazar a las fuerzas del orden en la frontera de Melilla

Said Chramti y el senador Yahya Yahya, ante el mausoleo de Mohamed V, en Rabat, en diciembre, con el brazo y la espada de Pedro de Estopiñán.
La Justicia marroquí ha dado un escarmiento al que ha sido estos últimos años el mayor hostigador de las autoridades españolas en la frontera de Melilla, en el Peñón de Vélez y hasta en el interior de la ciudad autónoma, donde sus secuaces amputaron, en noviembre, el brazo de la estatua de Pedro de Estopiñán, el conquistador de la plaza en 1497. Posteriormente trasladaron el brazo a Marruecos y se fotografiaron con él en el centro de Rabat.
Said Chramti, de 36 años, fue condenado la semana pasada a un año de cárcel y el equivalente de 110 euros de multa por un tribunal de Nador, la ciudad vecina de Melilla. Los tres jueces le consideraron culpable de haber proferido “amenazas” contra agentes de las fuerzas de seguridad marroquíes el 27 de octubre pasado en la frontera internacional de Beni Enzar.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, se señala que Chramti tiró piedras, junto con otros manifestantes, y bloqueó el único paso fronterizo internacional de Melilla, pero no se le condena por esta actuación.
Chramti tiene otras muchas “hazañas” en su biografía como la intrusión, en agosto pasado, de media docena de activistas en el Peñón de Vélez; un intento similar, pero frustrado, en el de Alhucemas; el envío de dos de sus adeptos a las islas Chafarinas coincidiendo con la celebración, en octubre pasado, de la cumbre hispano-marroquí.
Pero su mayor “gesta” fue la paliza propiciada a Vicente Goya, inspector jefe de la frontera, en septiembre de 2008, cuando regresaba a pie de una reunión en la sede de la aduana marroquí. A Goya le acompañaban el teniente coronel de la Guardia Civil de Melilla, el Jefe Superior de Policía y el Delegado de Hacienda en la ciudad que solo pudieron ayudarle a refugiarse en una peluquería. Estuvo dos meses de baja.
Junto con Chramti han sido condenados, a dos meses de cárcel y 45 euros de multa cada uno, tres de los más de cien jóvenes que le secundaron en el apedreamiento de la policía española en octubre. El tribunal considera demostrado que participaron en una “manifestación ilegal con el agravamiento de embriaguez en público y posesión de estupefacientes”. Además “insultaron” y “desobedecieron” a las fuerzas del orden. La pena parece pequeña a la vista de los delitos probados y de la severidad de la Justicia marroquí.
A lo largo de ambas sentencias, la de Chramti y la de sus seguidores, aparece en varias ocasiones Yahya Yahya, senador marroquí y alcalde de Beni Enzar, que preside el Comité para la Liberación de Ceuta y Melilla. Queda claro que este político, condenado en Italia en 2008 por agresión sexual, es el instigador de los cortes en la frontera, pero no se ha sentado en el banquillo porque, aparentemente, no pudo ser localizado. En Marruecos los parlamentarios no gozan de la mismainmunidad que en España.
Chramti, al que los policías españoles han apodado “el gigante” por su gran altura, fue detenido en noviembre por la policía judicial que registró su domicilio. Es vicepresidente del comité para la liberación de las dos ciudades autónomas, una asociación no legal que fustiga el colonialismo español y sus secuelas. Ha contratado a un nuevo abogado y ha anunciado que recurrirá la sentencia por lo que no ha ingresado, por ahora, en prisión.
   El Rey de España efectuará una visita a Marruecos, acompañado por empresarios españoles, del 3 al 5 de marzo.
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COMUNICADO DE PRENSA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE INTÉRPRETES DE LENGUA DE SIGNOS Y GUÍAS-INTÉRPRETES DE PERSONAS SORDOCIEGAS (FILSE)


Ante la práctica, cada vez más frecuente, por parte de las administraciones y empresas públicas, de ofrecer la puesta en marcha de servicios de interpretación de lengua de signos a empresas privadas mediante concurso público a través de unos pliegos de condiciones económicas y técnicas que no respetan la calidad del servicio sino que únicamente atienden al costo del mismo, la Federación Española de Intérpretes de Lengua de Signos y Guías-Intérpretes de Personas Sordociegas, FILSE, que tiene como finalidad principal representar a las asociaciones de estos profesionales existentes en el Estado, asumiendo todos los aspectos relacionados con la interpretación de la lengua de signos y la guía-interpretación, manifiesta que:
Dicha profesión conlleva años de estudio y preparación, habilidades técnicas y humanas encaminadas a romper las barreras comunicativas y de accesibilidad con las que se encuentran las personas sordas y sordociegas en su vida diaria.
Para proporcionar un buen servicio de interpretación no solo hay de cumplir la LEY 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, sino que hay que impregnar de dignidad el trabajo que día a día desempeñan estos profesionales eliminando barreras. Un trabajo que puede parecer invisible, pero que es imprescindible en la integración de las personas sordas y sordociegas.
Los pliegos de condiciones económicas y técnicas que establecen las administraciones en sus concursos, fijan unos topes económicos que hacen que las empresas tengan que ajustar bastante los presupuestos para obtener una resolución favorable. Todo ello trae consigo, como viene ocurriendo, que las empresas oferentes presenten presupuestos que, consecuentemente, ocasionan la prestación del servicio a costa de la merma en las condiciones laborales de estos profesionales.
Tanto las administraciones como las empresas públicas que gestionan estos servicios, deberían evitar la aceptación de presupuestos que solo “premian” al postor más económico. Eso muestra una falta de responsabilidad y de respeto hacia estos profesionales, los cuales tienen derecho a percibir unos honorarios dignos y acordes al trabajo que desempeñan. Asimismo, muestra el desconocimiento de esta profesión y de las personas sordas y sordociegas. En algunos ámbitos, los intérpretes deben desempeñar su labor en equipo para poder realizar turnos y cumplir con un servicio de calidad. No respetar estas condiciones puede traer consigo consecuencias graves en la salud de los intérpretes a los que se exige hacer el trabajo que normalmente desempeña un equipo.
Las empresas que prestan estos servicios, en muchos casos, entidades que tienen por objeto prestar un servicio público accesible al 100% de los ciudadanos, deberían concienciarse de que este profesional está cumpliendo una misión fundamental en la vida de estas personas y respetar, por un lado, la lengua con la que trabajan, por otro, al colectivo que la utiliza, y también a los profesionales que hacen posible la eliminación de las barreras de comunicación con la que dicho colectivo se encuentra.
Por todo lo expuesto, FILSE quiere denunciar todas aquellas prácticas que traen consigo esta situación de desamparo del colectivo de profesionales y la merma de sus condiciones laborales en pro de la buena imagen que pretenden dar algunas administraciones y empresas públicas, prestando un servicio público por el que, en muchas ocasiones, son premiadas y en el que prima el beneficio económico por encima de la calidad de dicho servicio. De este modo, no se cubren adecuadamente las necesidades de las personas sordas que, al igual que el resto, tienen derecho a recibir información y formación de la misma manera que los demás ciudadanos.
¿Actuarían de la misma manera estos políticos o gestores si en una reunión con un homólogo de otro país necesitaran del servicio de un traductor-intérprete de lenguas orales y la precaria calidad del servicio les impidiese recibir información de suma importancia en esa situación comunicativa?
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Marruecos zanja con cadenas perpetuas y largas penas el juicio a 24 saharauis


Un tribunal militar juzgaba la muerte de 11 policías en el desmantelamiento de un campamento

Los activistas fueron detenidos hace más de dos años

Familiares de los agentes marroquíes asesinados, en Rabat. / ABDELHAK SENNA (EFE)
La justicia marroquí ha respetado escrupulosamente las formas, peroha sido muy severa con los 24 saharauis acusados de la muerte de once agentes de las fuerzas de seguridad durante el desmantelamiento, el 8 de noviembre de 2010, del campamento de protesta de Gdim Izik erigido en las afueras de El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental. Otros 70 miembros de las fuerzas del orden resultaron también heridos y dos civiles saharauis murieron además ese día en El Aaiún.
Tras siete horas de deliberación el tribunal militar de Rabat condenó, en la madrugada de hoy domingo, a ocho activistas a cadena perpetua; a cuatro a 30 años de cárcel; a otros diez a penas de entre 20 y 25 años; y a los dos últimos a dos años de cárcel, según la agencia de prensa oficial MAP. Como llevaban en prisión preventiva 25 meses estos dos penados deberán ser puestos en libertad en las próximas horas.
Una mujer marroquí muestra una foto de disturbios en Gdim Izik. / F. S. (AFP)
La sentencia les considera a todos culpables de “constitución de bandas criminales” y “violencia sobre agentes del orden”, en grado de autoría o complicidad, con resultado “de muerte con premeditación y mutilación de cadáveres”. Por esos delitos podían haber sido condenados a la pena capital que en Marruecos sigue vigente, pero no se aplica desde 1992.
Tras nueve días ininterrumpidos de juicio el fiscal exigió, el viernes, condenas “que se correspondan con la gravedad de los hechos”, mientras que la defensa pidió la absolución “por falta de pruebas”. El rigor del veredicto ha sorprendido a los letrados civiles –la jurisdicción castrense permite su actuación- y a los numerosos observadores internacionales que asistieron a la causa.
En el exterior del tribunal un puñado de nacionalistas y familiares de los antidisturbios muertos celebraron, en cambio, la “justa” sentencia gritando, a las dos de la madrugada, “asesinos” y “traidores” ante el furgón de los condenados.
El mayor juicio de independentistas saharauis desde que España entregó el Sáhara a Marruecos, en 1975, ha permitido a los independendistas exponer, por primera vez, hasta la saciedad su reivindicación incluido en el momento en el que se les comunicó el veredicto. Vestidos con la daraa (túnica azul saharaui) lo escucharon con el puño en alto y coreando eslóganes a favor de la autodeterminación de la antigua colonia española.
Antes sus abogados, saharauis y de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, habían denunciado que no había pruebas para imputarles las muertes de los agentes más que las confesiones arrancadas bajo tortura, una práctica que el presidente del tribunal rechazó investigar. De paso la defensa presentó también sus condolencias a las familias de las víctimas marroquíes.
Los letrados, que intentaron en vano que sus clientes fueran juzgados por un tribunal civil, hicieron también hincapié en la debilidad de las pruebas aportadas por la fiscalía. Las armas con las que se mató a los agentes carecían de huellas dactilares de los acusados; en un vídeo rodado por el Ministerio del Interior sobre el asalto a Gdim Izik no es posible identificar a ninguno de ellos; no se han practicado test de ADN etcétera.
El ministerio público difundió, por su parte, dos documentos que consideraba incriminatorios. El primero consistía en fotografías en las que aparecían varios acusados con Mohamed Abdelaziz, presidente del Frente Polisario, durante una visita a Tinduf (Argelia). Su exhibición dio pie a la defensa para afirmar que el juicio era político.
El segundo eran unas imágenes emitidas por la televisión Antena 3 en noviembre de 2010 –otros medios españoles también las recogieron por error- en las que se veía a niños palestinos heridos en Gaza, pero que fueron atribuidas a escenas grabadas en un hospital de El Aaiún.
Horas antes de que se diesen a conocer el veredicto el Consejo Consultivo Nacional de Derechos Humanos, un organismo oficial marroquí del que forman parte personalidades de prestigio, publicó un informe provisional en el que asegura que “el juicio de Gdim Izik se desarrolla en condiciones normales y los procedimientos de un juicio justo han sido respetados”.
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España ofrece a Rabat cambiar su ley de adopción para reconocer la tutela islámica


El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, trata así de que 58 familias españolas con huérfanos marroquíes asignados desde hace meses puedan sacarlos del país

El Gobierno español ha ofrecido al marroquí cambiar la ley de adopción internacional, de diciembre de 2007, para resolver el problema de 58 familias españolas a las que los orfanatos marroquíes asignaron niños, a veces hace más de un año, pero a los que el Ejecutivo islamista de Rabat pone nuevas exigencias, de muy difícil cumplimiento, para que puedan concluir el proceso.
“Vivo en la angustia de sentirme madre, pero de no poder tener a mi hijo conmigo”, afirma Susana Ramos, psicopedagoga madrileña. Desde que en primavera le fue asignado un bebé por la Liga Marroquí de Protección de la Infancia, una institución pública, ha efectuado 23 viajes, ha pasado todas sus vacaciones en Rabat para estar con él, pero no logra obtener su kafala (tutela dativa), la modalidad de adopción que rige en el mundo islámico.
“Sufrimos una espera interminable cuyo desenlace es incierto”, relataba la barcelonesa Mar, a principios de octubre en Rabat, coincidiendo con la entrevista que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, mantuvo entonces con su homólogo marroquí, el islamista Mustafá Ramid. “Hemos creado lazos afectivos con nuestros pequeños, les queremos, vivimos para ellos, pero ya no estamos seguros de que podremos educarles, criarles, formar un hogar”, añadía con la vista nublada.
La cercanía con la península Ibérica, el elevado número de abandonos de recién nacidos -24 al día, según la ONG marroquí Solidaridad Femenina-, la transparencia del proceso judicial y la buena salud de los bebés, hijos de madres solteras, convirtieron a Marruecos desde 1995 en un país de adopción para los españoles. En 2011, último año de normalidad en el proceso, los tribunales marroquíes otorgaron 254kafalas a extranjeros, sobre todo a españoles, en su mayoría catalanes.
José María Castro, con su hija biológica y el niño que quiere adoptar.
Para intentar superar el bloqueo Ruiz-Gallardón envió el lunes pasado al director general de Cooperación Jurídica Internacional, Ángel Llorente, a Rabat donde se reunió con Mustafá Ramid. Le comunicó la intención del Ejecutivo español de constreñir por ley a los españoles que tutelen a niños marroquíes o subsaharianos, acogidos en orfanatos de Marruecos, a respetar la kafala.
Esta figura jurídica islámica obliga a los tutores a mantener la filiación del niño, su religión musulmana y su nacionalidad. Es decir que cuando se modifique la ley, probablemente a finales de año, no podrán, por ejemplo, pedir a los jueces de menores en España la plena adopción del niño. Algunas familias la solicitaron años atrás para garantizar así a sus hijos, de origen marroquí, los mismos derechos que a los españoles. Atendiendo al interés superior del menor los jueces solían concederlas.
Al poco tiempo de llegar los islamistas al Gobierno, en enero de 2012, la tramitación de las kafalas para extranjeros se paralizó en los tribunales marroquíes, pero el 16 de septiembre el ministro Ramid dio la puntilla a las más de 70 familias –el 83% españolas- en espera de poder tutelar.
La 'kafala' obliga a los tutores a mantener la filiación del niño, su religión musulmana y su nacionalidad
Ramid, un hombre de profundas convicciones religiosas, promulgó una circular instando a los fiscales a oponerse a la entrega de bebés marroquíes a extranjeros “si estos no residen habitualmente en el territorio nacional”. Alegaba que, si los niños tutelados salían del país, era imposible verificar si se respetaba lakafala y si eran educados en el islam.
Para cumplir con este nuevo requisito algunas familias españolas están tramitando su residencia en Marruecos dejando, a veces, un puesto de trabajo, una casa en España. Obtener el permiso de residencia no es, sin embargo, garantía de que puedan sacar algún día a sus hijos del país.
No está claro que la oferta que acaba de hacer de Ruiz-Gallardón baste para apaciguar a Ramid. Al conocerla, el lunes 11, este hizo una serie de preguntas sobre si se podría obligar a los tutores españoles y a su niño a viajar una vez al año a Marruecos para comprobar la observancia de la kafala o si los jueces de menores españoles podrían encargarse de esta tarea.
El clima está enrarecido en Marruecos. Algunos diarios acusan a los extranjeros de “comprar niños” sin aportar la menor prueba. Un juez de Agadir se ha extralimitado exigiendo que los futuros tutores pasen un examen teológico para demostrar que poseen conocimientos suficientes del islam para poder educar a los niños en esa religión. Las familias españolas han sido suspendidas.
Convencidas de que solo el rey Mohamed VI puede sacarlas de este trance 40 familias, en su mayoría españolas, pero también francesas, suizas, canadienses, estadounidenses, mandaron a fin de año al monarca una emotiva carta en la que le “imploran” para que “interceda” ante su Gobierno y que la circular de Ramid no se aplique retroactivamente.
Una copia de esta misiva fue también enviada al Rey de España con la esperanza de que, durante la visita que tenía prevista a Marruecos a principios de marzo, sugiera a su “sobrino”, como llama cariñosamente al soberano alauí, la búsqueda de una solución que alivie el drama que viven las familias españolas. Los problemas de salud de don Juan Carlos pueden, sin embargo, provocar la cancelación del viaje y sumir aún más a las familias en el abatimiento.
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Guías Amarillas introduce los códigos QR para sus clientes



Un código QR (Quick Response) es un tipo de código de barras que permite condensar mucha más información, además de que se pueden leer fácilmente contando con un smartphone. Estos códigos se han popularizado para ofrecer información de manera sencilla en cualquier soporte. A partir de ahora, Guías Amarillas ofrecerá este servicio de manera gratuita a sus clientes. Todas las fichas contenidas en el directorio cuentan ya con un código QR al pie. Leyendo esta información con un teléfono móvil será posible guardar toda la información de contacto sobre el anunciante automáticamente en el teléfono móvil. Además Guías Amarillas ofrece a los clientes la posibilidad de descargar el código para imprimirlo o emplearlo en el soporte que deseen.

Los códigos QR se originaron en la industria de la automoción en Japón, gracias a la facilidad de lectura y a la versatilidad de la información que pueden contener. El auge de los teléfonos inteligentes los ha convertido en un vehículo ideal para la promoción de productos y servicios.

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Exposición Fotográfica Semana Santa Melilla 2013

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA SEMANA SANTA 2013 PHOTOWALK MELILLA
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Carnaval de Melilla en fotos

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